Abr 09, 2010, 07:34 PM
En esa acusación formal, los inversionistas solicitarán en el tribunal de control una auditoría judicial a la empresa w Es la primera acción legal privada contra quien también fuese el dueño de Confederado, Bolívar, Banpro y Canarias Carjuan Cruz
ccruz@cadena-capriles.com
Los clientes de la casa de bolsa U21 introducirán una demanda penal en el tribunal de control respectivo contra Ricardo Fernández Barrueco, quien fuese el dueño de esta empresa en el momento de su intervención.
Así lo informó Wolfang Cardozo, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien indicó que en dicha acusación formal exigirían "una auditoría judicial" de la empresa, "para saber qué hay ahora y qué hubo antes". "Estos clientes son las víctimas de esta situación", recalca el representante de la OCU.
Con esta acción legal acusarán a los accionistas, directores principales y suplentes de U21 de ser los autores y responsables de los delitos de estafa, apropiación indebida y distracción de recursos de los inversionistas de esta casa de bolsa.
Esta sería la primera acusación privada contra Fernández Barrueco. Hasta ahora las acciones legales las llevó a cabo la Fiscalía después de los dictámenes de intervención de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cardozo no descarta la posibilidad de solicitarle al tribunal la colaboración de cuerpos de inteligencia para que determinen y comprueben los daños ocasionados: "Los clientes tienen serias dudas de que sus inversiones estén disponibles".
Para Abraham Zapata, uno de los clientes afectados de la casa de bolsa, Fernández Barrueco "tiene que responder": "Él era el dueño de la empresa. Él tiene que responder, él verá cómo hace con la gente que se escapó".
En la larga espera
Aunque la junta interventora concluyó ya su informe final, la CNV aún no se pronuncia sobre los resultados ni sobre el destino de la casa de bolsa. Los clientes desconocen si la empresa será liquidada o rehabilitada.
"Lo que se quiere conocer es cuál es la liquidez de la empresa. Con cuánto cuenta para reintegrar la participación de los clientes", dice Cardozo de la OCU. "Son sumas y restas ¿alcanza o no alcanza?", agrega.
En la sede de U21 informaron a algunos de los inversionistas que se les estaría llamando durante esta semana, pero hasta ahora esto no ha sucedido.
Por eso en la acción penal, los clientes solicitarán al tribunal ser escuchados, además de un análisis particular de caso por caso.
De los 20.000 clientes activos que tenía U21 al momento de su intervención, 90% estaba conformado por personas naturales: "Los fondos que teníamos invertidos los conseguimos trabajando", dice Zapata. "Y detrás de las cajas de ahorro están profesores, jubilados, empleados", agrega el afectado.
Hasta ahora, los clientes han buscado respuestas en varias instancias, dirigieron cartas a la CNV, al Ministerio de Planificación y Finanzas y a la Asamblea Nacional. De hecho, el presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, les dijo que hablaría personalmente con el ministro Jorge Giordani.
No obstante, se descarta la posibilidad de que el Parlamento favoreciera a las personas naturales sobre las jurídicas para el momento del reintegro.
Para ello el Legislativo tendría que modificar el Código de Comercio, en donde se establece que como inversionistas, tanto grandes como pequeños, son todos iguales. Y ese procedimiento no se tiene previsto.
"La solución es que se determine a ciencia cierta qué hay y cuánto", dice Cardozo. "Hablamos también de los otros accionistas y de las empresas relacionadas", añade.
El representante de la OCU explica que "si alguno de los accionistas dice que no tiene dinero", deberá indemnizar a las víctimas con otros activos como "cualquier propiedad, casas, aviones, lanchas".
En audiencia
Durante esta semana y hasta el próximo jueves se están realizando las audiencias respectivas a Ricardo Fernández. Será hasta entonces cuando se le informe si se le inicia un juicio y cuándo.
Los abogados defensores alegan que el empresario no fue responsable de las pérdidas de los inversionistas de U21 o de los ahorristas de los bancos (Confederado, Bolívar, Banpro y Canarias).
Pero será el juez quien tendrá la última palabra sobre el caso, en cuyo expediente reposan 219 piezas. Aunque la Procuraduría General ya decidió negar el acuerdo reparatorio que propuso la defensa del detenido con anterioridad sobre las pérdidas ocasionadas.
Fuente: El Mundo.
ccruz@cadena-capriles.com
Los clientes de la casa de bolsa U21 introducirán una demanda penal en el tribunal de control respectivo contra Ricardo Fernández Barrueco, quien fuese el dueño de esta empresa en el momento de su intervención.
Así lo informó Wolfang Cardozo, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien indicó que en dicha acusación formal exigirían "una auditoría judicial" de la empresa, "para saber qué hay ahora y qué hubo antes". "Estos clientes son las víctimas de esta situación", recalca el representante de la OCU.
Con esta acción legal acusarán a los accionistas, directores principales y suplentes de U21 de ser los autores y responsables de los delitos de estafa, apropiación indebida y distracción de recursos de los inversionistas de esta casa de bolsa.
Esta sería la primera acusación privada contra Fernández Barrueco. Hasta ahora las acciones legales las llevó a cabo la Fiscalía después de los dictámenes de intervención de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cardozo no descarta la posibilidad de solicitarle al tribunal la colaboración de cuerpos de inteligencia para que determinen y comprueben los daños ocasionados: "Los clientes tienen serias dudas de que sus inversiones estén disponibles".
Para Abraham Zapata, uno de los clientes afectados de la casa de bolsa, Fernández Barrueco "tiene que responder": "Él era el dueño de la empresa. Él tiene que responder, él verá cómo hace con la gente que se escapó".
En la larga espera
Aunque la junta interventora concluyó ya su informe final, la CNV aún no se pronuncia sobre los resultados ni sobre el destino de la casa de bolsa. Los clientes desconocen si la empresa será liquidada o rehabilitada.
"Lo que se quiere conocer es cuál es la liquidez de la empresa. Con cuánto cuenta para reintegrar la participación de los clientes", dice Cardozo de la OCU. "Son sumas y restas ¿alcanza o no alcanza?", agrega.
En la sede de U21 informaron a algunos de los inversionistas que se les estaría llamando durante esta semana, pero hasta ahora esto no ha sucedido.
Por eso en la acción penal, los clientes solicitarán al tribunal ser escuchados, además de un análisis particular de caso por caso.
De los 20.000 clientes activos que tenía U21 al momento de su intervención, 90% estaba conformado por personas naturales: "Los fondos que teníamos invertidos los conseguimos trabajando", dice Zapata. "Y detrás de las cajas de ahorro están profesores, jubilados, empleados", agrega el afectado.
Hasta ahora, los clientes han buscado respuestas en varias instancias, dirigieron cartas a la CNV, al Ministerio de Planificación y Finanzas y a la Asamblea Nacional. De hecho, el presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, les dijo que hablaría personalmente con el ministro Jorge Giordani.
No obstante, se descarta la posibilidad de que el Parlamento favoreciera a las personas naturales sobre las jurídicas para el momento del reintegro.
Para ello el Legislativo tendría que modificar el Código de Comercio, en donde se establece que como inversionistas, tanto grandes como pequeños, son todos iguales. Y ese procedimiento no se tiene previsto.
"La solución es que se determine a ciencia cierta qué hay y cuánto", dice Cardozo. "Hablamos también de los otros accionistas y de las empresas relacionadas", añade.
El representante de la OCU explica que "si alguno de los accionistas dice que no tiene dinero", deberá indemnizar a las víctimas con otros activos como "cualquier propiedad, casas, aviones, lanchas".
En audiencia
Durante esta semana y hasta el próximo jueves se están realizando las audiencias respectivas a Ricardo Fernández. Será hasta entonces cuando se le informe si se le inicia un juicio y cuándo.
Los abogados defensores alegan que el empresario no fue responsable de las pérdidas de los inversionistas de U21 o de los ahorristas de los bancos (Confederado, Bolívar, Banpro y Canarias).
Pero será el juez quien tendrá la última palabra sobre el caso, en cuyo expediente reposan 219 piezas. Aunque la Procuraduría General ya decidió negar el acuerdo reparatorio que propuso la defensa del detenido con anterioridad sobre las pérdidas ocasionadas.
Fuente: El Mundo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario